Marcha de antorchas contra el tarifazo del gobierno de Macri

Gremios se movilización hacia la Plaza de Mayo en Paraná, para repudiar las políticas de ajuste del gobierno nacional. Yasky, Baradel, Alesso y los referentes locales encabezaron la protesta.

Gremios entrerrianos integrados en una multisectorial participaron en la jornada de este jueves de una marcha de antorchas contra los tarifazos y las políticas de ajuste del gobierno nacional.

La actividad se inició en Cinco Esquinas de Paraná, y luego continuó con la movilización que concluyó en la plaza 1° de Mayo, donde se leyó un documento. En el acto estuvieron presentes, entre otros el secretario General de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, el secretario general del Suteba, Roberto Baradel; la titular de Ctera, Sonia Alesso.

Entre otras personalidades políticas, se vio en la marcha a la exintendenta de Paraná, Blanca Osuna, y al exsecretario de la Producción del gobierno de Sergio Urribarri, Roberto Schunk.

Crítico documento de la multisectorial:En la marcha que se concentró en la Plaza 1° de Mayo, se leyó el documento en el cual textualmente, dice:

Trabajadores/as de ámbitos públicos y privados, jubilados/as, pensionados/as, comerciantes, estudiantes, sindicatos, movimientos sociales, pequeños y medianos productores/as, cooperativas, espacios políticos, vecinalistas, trabajadores/as de la economía popular nos organizamos en la provincia de Entre Ríos en el marco de un plan nacional de lucha y movilización para decir y exigir Basta de ajustes y tarifazos.

Vivimos en Latinoamérica una hegemonía neoliberal que ha impactado en la vida de los pueblos, generando empobrecimiento y avasallando los derechos humanos.

La injerencia en la política a través de los poderes judiciales, mediáticos y económicos se pone de manifiesto la ejecución de un plan sistemático que ahoga la soberanías de los países con deudas, acuerdos con el FMI, saqueo de recursos naturales, represión y presos/as políticos/as.

Luego de 3 años de la gestión cambiemos (alianza Pro-UCR) podemos decir que los/as trabajadores/as somos quienes sufrimos las consecuencias de las políticas de este gobierno. Es importante decir que los tarifazos que sufre la sociedad argentina se han hecho en conjunto con un brutal ajuste premeditado que se caracteriza por la brutal reducción sistemática del poder adquisitivo de la clase trabajadora y el pueblo: el ajuste de jubilaciones y pensiones, la apertura de importaciones, el aumento de la desocupación, la devaluación y el aumento del costo de vida produciendo pobreza y hambre, la generalizada caída de ventas en los comercios, la reducción de los presupuestos educativos, de ciencia y tecnología, y la situación crítica que atraviesan las Universidades Públicas; la desaparición del Ministerio de Salud, la suba de las tasas de interés y la timba financiera, y el incremento de la deuda externa, son ingredientes de la reducción del mercado interno sobre el que se aplican los tarifazos.

En la Argentina durante el 2018 se registraron en la Industria 37.341 despedidos, el Estado cesanteó a 16.303 compañeros/as; en las empresas de servicios se despidieron 13.470 trabajadores/as; la construcción tuvo 1581 casos y el sector primario hizo lo propio con 1001 personas.

El aumento de la precarización laboral, la desocupación, la canasta básica y las tarifas, deja a miles de familias por debajo de la línea de pobreza, a los cuales se les niega derechos humanos al mercantilizar los servicios públicos como el agua, la luz, el gas, el transporte.

Parte de las nefastas secuelas de este plan cuidadosamente urdido, las podemos observar en lo que refiere a las tarifas de servicios públicos.

Durante el ciclo 2016/2019, la incidencia de las tarifas sobre el salario mínimo, vital y móvil, pasó de menos del 10% a casi el 25%.

En este sentido, repudiamos los dichos de Aranguren quien expresó que “la energía no es un derecho humano”. Cada vez que las tarifas subieron más que los salarios o jubilaciones, como trabajadores/as perdimos calidad de vida y como ciudadanos derechos. Por esto decimos: Tener “tarifas justas y razonables” constituye un derecho humano básico en el siglo XXI.

En este contexto, donde producto de la crisis originada por la política económica de endeudamiento ajuste y entrega al Fondo Monetario Internacional, los salarios estatales de Entre Ríos quedaron 14,6% por debajo del nivel inflacionario real del año 2018; se han registrado casi 8.000 despidos durante el mismo año, sin tener en cuenta el sector informal donde crecen los despidos y la precarización laboral. Es por esto que exigimos al gobierno provincial una urgente recuperación salarial respecto del año que pasó y una recomposición para el año 2019 que prevea tal situación; que la provincia vuelva a tener un Ministerio de Trabajo con poder de intervención, donde los conflictos no sean siempre a favor de la patronal, sus abusos y sus intereses de clase y que se que atienda la situación que estamos viviendo los y las trabajadoras declarando la emergencia laboral que proteja los empleos.

Los tarifazos, son expresión de esta política de ajuste y de transferencia de los bolsillos de los trabajadores/as hacia empresas que dominan el sector eléctrico y que solo en el año 2017 fue de $11.300 millones de pesos, sin mejorar el servicio. Para este año se espera un aumento acumulado de la tarifa eléctrica de hasta un 53%. Exigimos la instrumentación efectiva de una Tarifa Social que nos permita a los sectores populares no elegir entre pagar la luz o comer, pagar una factura o poder mandar nuestros hijos/as a la escuela, entre pagar una cuenta o acceder a la salud. Para atender esta situación exigimos que se decrete la emergencia alimentaria.

En este mismo sentido la quita de los subsidios al transporte público por parte del macrismo representan un incremento desmedido al costo de vida de los sectores populares en toda la provincia. Demandamos a los Concejos Deliberantes, la Legislatura de Entre Ríos y el Gobierno Provincial información clara respecto al nuevo esquema de subsidios para el Transporte Público, para que el ajuste no lo paguen los trabajadores/as.

Este acto se está llevando a cabo frente al municipio, expresión del gobierno neoliberal de Macri en la capital de la provincia, que también se ha caracterizado por vaciamientos de políticas públicas; siendo Varisco la peor expresión del ajuste y la convivencia de sectores vinculados al narcotráfico y la política.

Este gobierno ajustador ha aumentado la feminización de la pobreza, las violencias, ha recortado las políticas públicas destinadas a erradicar las desigualdades de género, vaciado programas, destinando hoy solo $11 por compañera en su presupuesto cuando los feminicidios en el 2019 ya son 26 que nos ponen en una situación de emergencia. Por esto esta movilización acompaña y convoca al paro de trabajadoras que se realizará el próximo 8 de marzo.

En el marco de esta unidad amplia contra el tarifazo y el ajuste a los trabajadores/as, jubilados/as, pensionados/as, comerciantes, estudiantes, pequeños y medianos productores/as seguiremos en la calle enfrentando este modelo de hambre y pobreza. Decimos a Macri que no se va a pagar el ajuste con el sufrimiento de los/as entrerrianos/as. Haremos lo que tengamos que hacer para que el gobierno provincial y los gobiernos municipales tomen medidas en favor del pueblo.

La tarea de la etapa es la construcción de la unidad la movilización y la lucha.

Fuente: unoentrerios.com.ar