Se ofrece El Diario al mejor postor

El juez Moia determinó que no corresponde declarar la quiebra indirecta de la empresa, sino iniciar un procedimiento de salvataje con un registro para que se anoten interesados en adquirir acciones de la empresa. La deuda trepa a los 89 millones de pesos.

Es difícil predecir el futuro y más difícil es predecir el futuro de El Diario.

La fuerte caída de los ingresos derivada de los desmanejos gerenciales, el vaciamiento patrimonial y de recursos humanos, las menores ventas y del descenso de la facturación publicitaria provocó que las pérdidas del que supo ser un imperio se disparasen a partir de 2010. Esas pérdidas pusieron a la empresa en una situación de quebranto, de la que ha logrado escapar, al menos hasta el momento, gracias a un concurso preventivo que parece eterno a los ojos de los ochenta trabajadores despedidos en 2018, pero que no ha servido para revertir la crítica situación económica y financiera en que se encuentra.

Tres años después, el concurso preventivo ha ingresado en la etapa final para definir el futuro de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la empresa editora de El Diario, y el destino es incierto a raíz de la falta de acuerdo con los acreedores.

El juez Ángel Moia, que tiene a su cargo el concurso, determinó esta semana que no corresponde declarar la quiebra indirecta de SAER, sino iniciar un procedimiento de salvataje y abrir un registro para que se anoten los interesados en adquirir acciones de la empresa.

Se llegó a esa instancia luego de que la empresa no alcanzara los acuerdos que establece la ley para el pago de la deuda verificada con los acreedores dentro de cada una de las categorías (quirografarios, quirografarios laborales y privilegiados), aunque en el informe que los síndicos le entregaron al juez consignaron, además, que “la realidad es que la actividad comercial de El Diario continúa incrementando su pasivo” y “de los informes mensuales surge el resultado negativo que se genera mes a mes, y sin alcanzar los fondos para cubrir las deudas corrientes”.

La Sindicatura determinó una deuda total de 89.160.663,31 pesos con 307 acreedores, entre trabajadores despedidos, otros que continúan relacionados con la empresa, obras sociales, sindicatos, proveedores, financieras y organismos estatales; y la ley exige acordar con la mayoría absoluta de los acreedores dentro de cada una de las categorías, que representen las dos terceras partes del capital computable dentro de cada categoría.

En el informe firmado por la contadora Mariana Cerini consta que en la categoría de “acreedores privilegiados” se admitieron créditos por 70.005.174,33 pesos y se obtuvo la conformidad para un acuerdo por 13.089.891,73 pesos, lo que representa un 18,70 por ciento; y de un total de 155 acreedores, se obtuvieron 46 conformidades, es decir, un 29,68 por ciento.

En cuanto a la categoría de “quirografarios”, reconoce una deuda de 19.155.488,98 pesos y conformidades por 7.742.256,49 pesos, lo que representa un 40,42 por ciento. En este punto hubo una discrepancia en la cifra que presentó el contador del Juzgado Civil y Comercial Número 9, que redujo el monto computable a 16.525.779,68 pesos, pero tampoco sobre ese cálculo se alcanzó el mínimo de conformidades exigidas para un acuerdo que le permita a la empresa poner fin al concurso preventivo. En esta categoría aparece, por ejemplo, Construcciones del Paraná SA, la empresa fantasma que creó el clan Etchevehere para el vaciamiento patrimonial El Diario y desapoderar a Dolores Etchevehere de la herencia que le correspondía por la muerte de su padre, algo que la justicia entrerriana investiga en otro expediente que tramita en el fuero penal. Esta firma reclama 2.715.925,35 pesos y prestó su consentimiento para un acuerdo de cobro con SAER. También está Sebastián Etchevehere, uno de los dueños de El Diario, que dice haber sido despedido de su empresa y reclama el pago de una indemnización (sic).

No obstante, los representantes de la SAER continúan en conversaciones con los acreedores –a través de sus abogados–. Lo que proponen es el pago del 45 por ciento del total de las acreencias, algo que está lejos de las expectativas y ha sido rechazado por la mayoría, como lo refleja el informe de la Sindicatura.

El salvataje que prevé la ley de concursos y quiebras, ahora habilitado por el juez Moia, prevé la apertura de un registro en el expediente para que se inscriban los acreedores, una cooperativa de trabajo conformada por trabajadores de la misma empresa o una cooperativa en formación (si la hubiera) y otros terceros interesados en la adquisición de las acciones de SAER, a los efectos de formular propuesta de acuerdo preventivo. El plazo es de cinco días hábiles a contar desde el 20 de agosto. Lo que pase después es difícil de predecir, como el futuro.

Redacción: Juan Cruz Varela.

Fuente: Página Judicial